Tres voces comparten sus experiencias por el acceso a la justicia

El pasado 15 de marzo, como parte de la celebración del Centenario de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, la Revista Jurídica presentó el conversatorio Three Voices for Access to Justice: Academia, the Courts and Lawyers”. La actividad giró en torno al reto más grande que enfrenta nuestro sistema jurídico: el acceso a la justicia.

La decana Vivian Neptune, quien ofreció la bienvenida, convocó a los presentes, en especial a los estudiantes, a reflexionar sobre la responsabilidad social de los abogados y abogadas con los programas pro-bono, de repensar los servicios legales que se ofrecen a los desventajados, y trabajar para que estos fueran de calidad y sin interrupción.

“La sensibilidad, la empatía y la responsabilidad social compartida, solo se desarrolla cuando nos exponemos a experiencias de formación, y hacemos la lucha y la causa del otro, nuestra”, agregó la decana.

Para cumplir con este objetivo, compartieron sus experiencias Vanessa Ruiz, Senior Judge del Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia; David Udell, director del National Center for Access to Justice y Wilhem Joseph, director ejecutivo del Maryland Legal Aid Bureau. La conversación fue moderada por el profesor Efrén Rivera Ramos, quien comenzó su alocución preguntando a los invitados el porqué de su acercamiento y su gestión respecto al problema de acceso a la justicia.

 

“En los tiempos en que crecí, no podíamos ignorar que la gente era pobre. Eran tiempos diferentes a ahora. Y la razón por la cual me apasioné con este tema, es porque no puedo concebir que una persona que esté en esta profesión no pueda estarlo. Esta es una profesión que tiene que ver con derecho y el propósito del derecho es la justicia”, expresó la jueza Ruiz.

La jueza Ruiz, recordó emocionada el primer caso Pro-Bono que asumió como abogada recién graduada.. Este caso, Havens Realty Corp. v. Coleman, 455 U.S. 363 (1982), le permitió ser una de las primeras mujeres en postular frente al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en donde prevaleció.

Por su parte, Wilhelm Joseph, oriundo de Trinidad y Tobago, relató la extrema desigualdad a la que estuvo expuesto desde pequeño en su país natal, donde se dio cuenta que mientras un grupúsculo de personas obtenía logros injustamente, otros no tenían las mismas posibilidades por ser de bajo estrato social.

“Para poder estudiar en la universidad, tuve que obtener buenas notas para competir, tuve que tomar un examen para competir. Pero el director fue nombrado por la reina, el jefe de la policía, fue nombrado por la reina. Sabía que algo no estaba bien y que eso afectaba mi sentido de la justicia.”

En cuanto a la problemática en cuestión, David Udell, quien tuvo roles protagónicos en el movimiento reformista para la defensa de los indigentes y ha coordinado iniciativas para ayudar a fortalecer la Corporación de Servicios Legales de los Estados Unidos, explicó que para atajar el problema se debe encontrar cómo distribuir adecuadamente los recursos disponibles, según las necesidades existentes:

“Esta es la gran paradoja, que tenemos mucha gente sin representación legal y tantos abogados. No quiero llamarlo un problema, pero diría que  el “santo grial” es tratar de entender como atender este reto”, agregó.

Ruiz coincidió con Udell al afirmar que existe “algo” en la estructura que provoca que los servicios no sean asignados donde se necesitan. Por ejemplo, indicó que ha atendido casos en donde una persona tiene varios abogados representándole legalmente, mientras por otro lado tiene una persona de bajos recursos atendida por un solo abogado de Servicios Legales.

“Es abrumador para ese abogado o abogada. Se debería asegurar un mecanismo mediante el cual los abogados puedan reasignar el caso, cuando no les sea posible seguirlo atendiendo.”

Las expresiones de Ruiz coincidieron con las que realizara el juez jefe del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Federico Hernández Dentón, en entrevista sobre el tema. Hernández Dentón reconoció como una realidad que existe inequidad en el acceso a la justicia debido a desigualdades sociales. Para atajar el problema, arguyó, es necesario evaluar la posibilidad de cambios en el ordenamiento de ética profesional, de manera que los abogados pueden asumir litigios y transmitir el caso a algún compañero.

“En primer lugar, propongo evaluar la posibilidad de cambios mínimos en el ordenamiento de ética profesional de los abogados que permitan que, en cierto tipo de casos, los abogados puedan, con el consentimiento de los clientes y sujeto a revisión judicial, realizar tareas particulares que apoyen el litigio por derecho propio sin la carga onerosa desde el punto de vista ético-profesional y económico de asumir el litigio completo”, expresó el juez presidente en entrevista al Nuevo Día.

Además de los cambios estructurales, los tres ponentes coincidieron en que era necesario un cambio de valores éticos en los operadores del derecho. Mientras Wilhelm expresó que el acceso a la justicia debería tratarse como “un valor fundamental de la sociedad”, Ruiz responsabilizó a sus compañeros jueces y operadores del derecho.

“Cada juez tiene el deber personal y la obligación ética de, donde quiera que estén, asegurar que los pobres sean escuchados. Somos tan parte de la solución como lo son los abogados y los proveedores de servicios legales. Toda la idea del acceso a la justicia debe ser incorporada en todo lo que los operadores del derecho hagan”, culminó.

El licenciado David Udell, subrayó la importancia de eliminar la idea de que los tribunales son una agencia más, y  entender que los Tribunales existen para administrar la justicia. Por tanto, es importante que se pueda calificar a los Tribunales para cerciorarse de que están cumpliendo con la labor para la que existen. Esto, por medio de estadísticas y data que revele la cantidad de casos que se resuelven y se evalúe las políticas para verificar su efectividad.

Esa es precisamente la labor que realiza el abogado, a través de “Access to Justice Index”, un programa del National Center for Access to Justice, que Udell dirige.  El “Access to Justice Index” es el modelo utilizado por el centro para mejorar la calidad de la justicia en la sociedad. Aunque dicho modelo está aún en desarrollo, se espera que al perfeccionarse pueda mostrar data del sistema de justicia de al menos 50 estados.  Los aspectos que sirven como base de análisis en el “Access to Justice Index” son: (1) Recursos que faciliten la participación significativa en un caso civil; (2) Representación competente en un caso criminal; (3) Una rama judicial neutral, competente y financiada de forma adecuada; (4) Acceso para personas con poco conocimiento del idioma ingles; (5) Acceso para personas con capacidades disminuidas; (6) Acceso para personas de todas las razas, géneros o etnias.