La Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico se fundó en la década del 30, período caracterizado por una depresión económica que, según los historiadores, la isla venía padeciendo mucho antes que el resto del mundo. Se podría, pues, afirmar que esta publicación jurídica estuvo marcada por una clara tendencia de los fundadores de la Revista Jurídica a intervenir en la discusión de los conflictos sociales de entonces. Como ocurre en ocasiones, la historia conspira con el tiempo y se repite. Una vez más, Puerto Rico enfrenta una crisis profunda como resultado de diversas y complejas variables, algunas de carácter internacional y otras de hechura puramente local. En el pasado reciente, el trajín político y la incertidumbre legal se han combinado para agudizar la situación y dejar al país sin rumbo cierto.
De ahí la importancia de asumir con responsabilidad nuestra labor académica y colocar el saber jurídico al alcance de la sociedad puertorriqueña, de manera que esta última pueda valerse de un conocimiento actualizado en la toma de decisiones. A tenor con ese cometido, nos dimos a la tarea de identificar los principales conflictos que están y estarán suscitándose en el futuro cercano con relación a la deuda pública de Puerto Rico. El Simposio La deuda pública y el porvenir de Puerto Rico pretende agrupar a un nutrido grupo de panelistas que expondrán al país los principales elementos de análisis a considerar al momento de atender tal crisis fiscal. Entre estos, nos parece imprescindible considerar a profundidad al menos los siguientes dos asuntos.
En primer lugar, es menester esclarecer las reglas de juego que regirán el escenario de incumplimiento del Gobierno con ciertas obligaciones, de manera que este pueda dirigir sus limitados recursos hacia aquellas áreas que el país considere más apremiantes. Esto implica interpretar el alcance de las protecciones que nuestra Constitución estableció a favor de los acreedores con el propósito de facilitar el acceso a financiamiento del Gobierno y mitigar las condiciones de pobreza extrema en la isla. A su vez, es necesario hallar un marco legal mediante el cual las corporaciones públicas puedan reestructurar sus deudas de forma ordenada. La ausencia actual de ese marco nos coloca en una desventaja única al momento de lidear con el panorama de insolvencia. Tal situación, inevitablemente, nos remite a la relación de Puerto Rico con los Estados Unidos, pues esta delimita nuestras facultades para implementar soluciones sobre el particular. El caso sobre la llamada ley de “quiebra criolla” pendiente ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y la discusión en el Congreso en torno a la inclusión de Puerto Rico en el Capítulo 9 del Código de Quiebras federal son la mejor evidencia de esto.
En segundo lugar, la urgencia de la crisis fiscal no debe nublar la seriedad de la crisis económica que enfrenta el país. La posposición de la revisión del modelo de desarrollo económico en esta coyuntura atenta, no solo contra la estabilidad social, sino también contra la misma capacidad de pago del Gobierno. Además, es meritorio reconocer el rol directo que el Gobierno juega en la actividad económica como principal patrono y proveedor de servicios esenciales, lo que intensifica el ya complicado balance de intereses que tendrán que hacer nuestros representantes electos y, con toda probabilidad, los tribunales. En ese sentido, nos parece que la admisión por parte del Gobierno a los efectos de que no podrá cumplir con todas sus obligaciones demuestra la necesidad de considerar las alternativas disponibles para reestructurar la deuda y poder promover políticas económicas y sociales que garanticen la viabilidad a corto y largo plazo del país.
Luego de múltiples señales y augurios, Puerto Rico toca fondo. Queda por verse si, de una vez y por todas, antepondremos el bienestar común a los intereses particulares envueltos. Hemos apostado nuestro esfuerzo a que este Simposio, y el número que la Revista dedicará a las ponencias allí vertidas, sean un paso firme en esa dirección. Por tal razón, exhortamos a la comunidad jurídica y al público en general a asistir al mismo en el ánimo de aportar a tan importante discusión.
Junta Editora
Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico
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